viernes, 16 de mayo de 2014

Organizar la transición a un nuevo régimen monárquico, objetivo de la ‘gran coalición’ PP-PSOE

Hemos ido aprendiendo que el bipartidismo es un modo de organizar el poder para impedir  la realización de políticas de izquierda. Desde el principio fue algo más que un injusto y antidemocrático sistema electoral: era el modo, unas veces sofisticado, otras veces burdo, por medio del cual los que no se presentan a las elecciones siempre ganan. La derecha económica y mediática son gobierno: unas veces como PP, otras como PSOE.
Hay diferencias, sin ninguna duda, si no las hubiera  el negocio no sería posible. Es más, el componente esencial del asunto es que se escenifiquen “radicales” diferencias, debates “dramáticos” y todo tipo de insultos y descalificaciones. Insisto: es necesario que haya diferencias, entre otras cosas, porque las prebendas del ejercicio del poder político son enormemente significativas. La relación corrupción y bipartidismo es algo establecido. ¿Dónde está el truco?: en los límites que no se pueden rebasar, que se corresponden con los intereses estratégicos definidos por los grandes poderes económicos-financieros. Es decir, los dos grandes partidos (siempre hay que añadir a la burguesía vasca y catalana, como parte decisiva del bloque del poder) están de acuerdo en lo fundamental y divergen en lo accesorio. Cuando el bipartidismo entra en crisis, como ahora, se encienden todas las luces de alarma.
La Unión Europea, como he subrayado en más de una ocasión, es el territorio ideal para que se de este consenso fundamental. El mecanismo ha sido y es muy eficaz: los gobiernos aprueban políticas en la UE que no podrían defender, sin grandes costes, en cada uno de sus Estados y luego las presentan como exigencias obligatorias y permanentes de una Europa abstracta y genérica. Europa lo exige, la Merkel lo manda y los mercados lo requieren. Así se ha ido desmontando pieza a pieza el Estado social y los mecanismos que regulaban los mercados y promovían el desarrollo. Derecha y socialdemocracia se han ido turnando y aprobando las directivas que emanan de los poderes dominantes, de los grandes oligopolios financieros e industriales. Los tratados son la demostración más evidente de lo que decimos: siempre aprobados por el PP y el PSOE, con los añadidos imprescindibles de la derecha vasca y catalana.
La crisis lo ha cambiado todo. Ha puesto de manifiesto el carácter neoliberal  de la construcción europea; ha evidenciado la subalternidad de la clase política bipartidista a los poderes económicos; ha  mostrado hasta la saciedad que el objetivo es poner fin a las conquistas históricas del movimiento obrero y sindical, a los derechos sociales y laborales y, es  la cuestión de fondo, que estamos ante una descomunal redistribución de renta, riqueza y poder en favor del capital monopolista-financiero. Los gobiernos conspiran contra sus poblaciones y poco o nada importa que sean de derechas o socialdemócratas. De ahí deviene la crítica al bipartidismo y de aquí, aparentemente, surgen las propuestas a favor de una “gran coalición” a la alemana.
De un posible gobierno de gran coalición PP-PSOE se viene hablando desde hace tiempo. Tiene que ver, como antes se indicó, con el agravamiento de la crisis económica y social, el deterioro creciente de la monarquía, el desprestigio de la clase política y, en general, la desafección de una parte significativa de la población respecto a las instituciones y a las formas de la democracia realmente existente. En el fondo -esto es cada vez más reconocido-, lo que está en crisis es el Régimen político surgido con la constitución del 78.
Un gobierno de coalición PP-PSOE es muy delicado para el futuro del bipartidismo y del propio Régimen e implica riesgos no menores. El sistema funciona porque da la imagen (los medios de comunicación son decisivos para este propósito) de una polarización, de una contraposición, derecha-izquierda. Sutilmente se confunde alternancia con alternativa: para impedir que se den alternativas reales entre posiciones ideológicas definidas, es necesario que juegue la alternancia entre opciones compatibles con los intereses de los poderes fácticos y su cada vez más efectivo control sobre la política. Para decirlo de otra forma: gobierno de coalición ya existe entre el PP-PSOE en las grandes cuestiones de Estado, en los temas de fondo que realmente importan a los poderes realmente existentes, explicitar un gobierno conjunto de la derecha y de los social liberales podría beneficiar especialmente a las fuerzas de izquierda que están por un proyecto político y social alternativo. Sobre todo, es bueno subrayarlo, porque el bipartidismo es visto por las nuevas generaciones como algo negativo y contrario al pluralismo político. ¿Por qué aquí y ahora proponer un gobierno de coalición?
La razón de fondo, a mi juicio, tiene que ver con el deterioro profundo del Régimen y, más allá, con el nuevo modelo de acumulación  que se está configurando por y desde la crisis. Somos la periferia dependiente y subalterna de una estructura de poder organizada en torno a un “núcleo” dominado por la Gran Alemania. Los poderes económicos, la clase política y la monarquía reinante están de acuerdo con el nuevo papel que se le asigna España en la división del trabajo definida por la Unión Europea y que literalmente nos condena al subdesarrollo social y productivo. Este es el  nudo  donde se organizan y se entrecruzan las contradicciones.
La “gran coalición” sería algo más que un ejecutivo conjunto PSOE-PP.  El objetivo parece claro: organizar desde el poder político una nueva transición hacia una (enésima) restauración borbónica, de ahí la radicalidad de la propuesta realizada por los portavoces orgánicos del capital financiero. Digámoslo con todas sus palabras: hacer una propuesta de este calibre en plena campaña electoral no beneficia al PSOE precisamente, luego ¿por qué se hace? La hipótesis de la que partimos es que se está intentando, de un lado, determinar la agenda política y, de otro, doblegar a una parte del PSOE poco interesado, por ahora, en esta propuesta. Se podría pensar que uno de los objetivos últimos de esta operación palaciega, financiera y mediática seria remodelar las fuerzas políticas a la italiana, es decir, cambiar el mapa de los partidos y propiciar un sistema electoral mayoritario. Propuestas como estas se vienen haciendo desde hace años y Felipe González no es la primera vez que las defiende.
Organizar la transición a un nuevo régimen tendría objetivos precisos:
  1. Garantizar por todos los medios la continuidad de la Monarquía, entendida como eje organizador del bloque de poder e instrumento de cohesión entre el poder económico y el político. La tarea más complicada es conseguir la rápida abdicación de Juan Carlos y la entronización de su hijo Felipe como símbolo de la regeneración democrática del sistema.
  2.  La reforma de la constitución del 78. El verdadero objetivo es impedir la apertura de un proceso constituyente que signifique en la teoría y en la práctica el autogobierno de los ciudadanas y ciudadanos, la ruptura democrática. Rajoy lo ha dicho una y otra vez: es la Unión Europea la que ha cambiado y cambiará aún mas nuestra constitución económica y social; por lo tanto, se harán reformas para adaptarse al que tiene el verdadero poder, al soberano efectivo, los poderes económicos y financiero.
  3.  Encontrar acomodo a las varias cuestiones “nacionales” del Estado español, poniendo el acento en lo que une a las diversas burguesías: la Monarquía y la UE.
  4. Modificar la vigente ley electoral, apostando por un sistema mayoritario y desde ahí modificar las estructuras partidarias. El objetivo: reforzar el bipartidismo y avanzar, lo diríamos así, hacia la norteamericanización de la vida pública.
  5.  Consolidar y convertir en ley lo conseguido ya con las políticas de ajuste: desmontar el Estado Social, la pérdida de derechos sociales y sindicales y la mercantilización de los servicios públicos.
  6. Alinear firmemente a España y a la UE a la política exterior (comercial, político-militar y estratégica) norteamericana. Un dato central será el Tratado Transatlántico de Comercio y de Inversiones que consagra la subalternidad económica y comercial de la UE a la geopolítica del Imperio.

Conseguir esto no será fácil. Se requieren, al menos, tres cosas: una fuerte unidad del bloque de poder en torno a las dos fuerzas mayoritarias; una Izquierda Unida, y en general, una izquierda transformadora débil y sin capacidad de movilización y unidad y -es la clave- la pasividad de las clases trabajadoras, de la ciudadanía. El 22M puso de manifiesto que hay fuerza para la movilización y el compromiso social si se organiza la unidad y se definen bien los objetivos. Lo que viene está claro: una salida capitalista a la crisis que implique un nuevo régimen monárquico y una democracia “limitada y oligárquica”. La alternativa está también clara: ruptura democrática para un proceso constituyente que consagre una democracia de hombres y mujeres libres e iguales, que subordine la economía a la sociedad y garantice los derechos sociales de todas las personas. A esto siempre se le llamó aquí República.

Publicado en   Cuarto Poder

miércoles, 7 de mayo de 2014

Los tratados neoliberales de la Unión Europea: el verdadero programa común del PP-PSOE


Por Europa y contra el euro. Conferencia mayo de 2014
Comienza la campaña y de nuevo asistimos a “feroces” y “despiadados” debates y mutuas agresiones entre el  PP  y el PSOE. Viendo y oyendo las cosas que dicen el señorito Cañete y la señora Valenciano parecerían que estamos ante dos opciones políticas radicalmente opuestas que expresan proyectos de país y de Europa antagónicos. Quizás, entran algunas dudas cuando ambos reclaman que no se voten a los partidos pequeños y que se siga apostando por el bipartidismo. Si al final, como parece previsible, hay un debate televisivo  a dos tendremos el escenario adecuado para que están elecciones sean cosas de dos, o que al menos, lo aparenten.
A estas alturas, sabemos con bastante precisión lo que ha significado para este país el bipartidismo: modo de organizar el poder para que sigan mandando quienes no se presentan a las elecciones, es decir, los poderes económicos, auténticos y cada vez determinantes “señores” de esta limitada y oligárquica democracia. El bipartidismo limita el pluralismo y cercena las posibilidades para construir una real y unitaria alternativa a neoliberalismo. El mecanismo funciona siempre de la misma forma: la derecha económica siempre gobierna, unas veces con la derecha política y otras veces con una izquierda que no lo es y que impide que se hagan políticas realmente de izquierdas. Hay alternancia, no hay alternativa. Es más, parecería que muchas veces la derecha económica prefiere al PSOE:  se divide a la izquierda social y política y se impide que avance una propuesta alternativa a las políticas dominantes. Todo ganancias.

Las cuestiones europeas son las más adecuadas para ocultar las identidades de fondo, los consensos básicos existentes entre los partidos dinásticos mayoritarios,  apoyados, esto nunca se debe olvidar, por las derechas nacionalistas catalanas y vascas. El por qué de esto es, hoy, insisto, hoy, fácil de entender. Por su propia naturaleza las cuestiones relacionadas con la Unión Europeas son cosas de especialista, expertos, lobistas de diversos y complicados pelajes. Conforme avanza el proceso de deconstrucción de los Estados sociales nacionales y de la progresiva concentración  de poder en las instituciones de la Unión ,más se practica el secretismo y los acuerdos “bajo mesa” a varias bandas: entre los grupos industriales-financieros, los funcionarios y las fuerzas políticas mayoritarias, con la activa participación, paradojas del proyecto, de las instituciones económicas internacionales, como el FMI, firmemente controladas por “el amigo” norteamericano.

Esta crisis ha puesto de manifiesto algo fundamental y que los pueblos del Sur de la Unión conocen con bastante precisión: el poder político no reside en la soberanía popular sino en unas instituciones opacas a la democracia, estrechamente dependientes de los poderes económicos y al servicio de un proyecto contrario a los intereses mayoritarios de las poblaciones. Se podría afirmar que estas políticas reaccionarias son posibles porque las ordenan y mandan las instituciones de la Europa del euro; en cada uno de los Estados individualmente considerados serian imposibles o significarían la caída de los gobiernos que las aplicaran. El “chantaje” europeo funciona, y para que esto ocurra tiene que haber un acuerdo de hierro entre las fuerzas políticas mayoritarias, es decir, las varias derechas y una socialdemocracia contraria a las políticas socialdemócratas.
Todo el entramado jurídico- institucional que legitima el poder omnímodo de eso que se llama la Troika se ha fundamentado hasta sus más mínimos detalles en un acuerdo estratégico de fondo, entre los grupos de poder económicos y la clase política bipartidista, es decir, entre la derecha y la llamada socialdemocracia. Insisto, todas y cada una de las directivas, resoluciones y tratados que concentraron el poder de decisión en la Troika y que acordaron un conjunto sistemático de contra-reformas profundamente contrarias a los intereses mayoritarios de las poblaciones, (en lo que podemos denominar una descomunal desposesión de patrimonio público, derechos y libertades de las sociedades y las personas) ,fueron decididas y ejecutadas  por la derecha y los socialistas.

No hay que irse demasiado lejos en el tiempo. Bastará partir del vigente Tratado de Lisboa de diciembre del 2007, y sobre todo, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) y el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ambos del 2012 y que significaron, en la practica y en la teoría, la radicalización neoliberal de los anteriores tratados y , lo que es mucho más grave, la legalización de un Estado de Excepción  que deviene en permanente.

Los datos básicos de estos tratados no deberían olvidarse, señalan un punto de no retorno de una socialdemocracia que deja definitivamente de serlo y se convierte en aliado estratégico de la derecha económica para liquidar derechos sociales, sindicales y laborales y poner fin al Estado Social. Estos tratados, en síntesis imponen a cada uno de los estados, y a la soberanía popular, un conjunto de reglas “permanentes” y “obligatorias”, entre ellas las siguientes:
a)        Los presupuestos deberán estar equilibrados, o con superávit. Esta regla, se considerará respetada si el déficit estructural no supera el 0,5% del PIB
b)        Todos los Estados deben de introducir en su constitución esta regla de oro, y establecer mecanismos de corrección automáticos.
c)        Cuando los Estados no cumplen los criterios antes anunciados se someten a un Procedimiento de Déficit Excesivo, teniendo que presentar un conjunto de programa de reformas estructurales  a la Comisión  y al Consejo que lo aprobaran en su caso y harán seguimiento riguroso de su puesta en marcha.
d)        Se establecen un conjunto de sanciones casi automáticas para todos los países que incumplan las reglas establecidas
e)        En quinto lugar la comisión europea y el tribunal de justicia de la UE, refuerzan considerablemente su papel como garantes de que las reglas neoliberales se cumplen a rajatabla.
Resulta cuando menos indecente que el PSOE y sus representantes  vengan a estas alturas a hablar de la Europa social o de la lucha contra el “austericidio”, cuando ellos están por delante y por detrás tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento español de los Tratados que consagran u constitucionalizan las políticas neoliberales. O mejor dicho el llamado ordoliberalismo alemán. El PSOE en estas cuestiones ha sido un adelantado y no un sufridor paciente. Hay que recordar, la memoria es clave en época electoral, que la única reforma sustancial de nuestra inmaculada Constitución del 78 se realizó precisamente para asegurar la máxima jerarquía jurídica estas reglas neoliberales y que las propuso un gobierno del PSOE.
El asunto llega ya al ridículo cuando la propuesta de los socialistas europeos para presidir la Comisión es nada mas y nada menos que Martin Schulz destacado dirigente del partido socialdemócrata alemán, principal aliado gubernamental de la Sra. Merkel. El ridículo se convierte en tragedia cuando estos destacados “socialdemócratas” terminan gobernando( después de “durísimas” campañas electorales contra la derecha y las “suicidas” políticas ordoliberales ) como Francois Hollande, para finalmente hacer lo que la derecha de Sarkozy no fue capaz de llevar a cabo. ¿Alguien puede extrañarse de que en un contexto así definido la extrema derecha y los populismos de derechas crezcan y se desarrollen?